La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró hoy que no es una buena noticia que la agencia Moody's haya puesto en observación negativa a la deuda española, pero destacó que esto no supone una bajada de la calificación, sino "únicamente" una revisión que decidirá dentro de tres meses.

En declaraciones a Onda Cero, Salgado valoró así el que la agencia de calificación Moody's haya decidido hoy mantener la deuda pública de España en Aa2, la tercera más alta, pero con perspectiva negativa por una mayor vulnerabilidad financiera del país a causa de los costes de financiación.

Según Salgado, la decisión de la agencia es "similar" a la que ha tomado recientemente con Italia, país del que la vicepresidenta recordó que, en las últimas semanas, está sufriendo particularmente la inestabilidad de los mercados, por lo que Moody's esgrime la necesidad de que las decisiones europeas se pongan en práctica de manera más rápida y clara.

Además, la también ministra de Economía y Hacienda explica que la decisión de Moody's sobre España se sustenta en las comunidades "que dicen que tienen dificultades y que dicen que han encontrado unas cuentas que no están todo lo claras que pensaban".

Para la vicepresidenta ese "ruido de estos últimos días no ha beneficiado", lo que ha llevado a Moody's a ver que van a tener dificultades para cumplir el objetivo de déficit.

En este sentido, Elena Salgado destaca que no sucede lo mismo con la administración central, de la que Moody's "claramente" dice que está en la senda "correcta" de la consolidación fiscal, porque ha hecho reformas "importantes" y cuenta con el "poder exportador de nuestra economía".

Respecto a las críticas de las comunidades al actual modelo de financiación y la posibilidad de que Murcia devuelva las competencias sanitarias y de educación al Estado, Elena Salgado consideró que "en absoluto" sería posible cederlas a la administración general.

Asimismo, criticó el que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, haya introducido "inquietud" en este debate afirmando que peligran los servicios básicos para los ciudadanos cuando se ha previsto que las comunidades cuenten en 2012 con 8.000 millones más para estas partidas.