En una sentencia del 31 de octubre a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo anula el primer artículo de la orden ministerial 1732/2010, en el que se congelan las tarifas de acceso, que son las que recogen los costes regulados de la electricidad.

El tribunal adopta esta decisión en respuesta a un recurso presentado por Iberdrola, que, como el resto de las grandes eléctricas, denunció la medida. En la sentencia se da la razón a Iberdrola en este aspecto, pero no en otra de sus pretensiones, que es la recibir indemnizaciones por los efectos negativos de la congelación tarifaria.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán reclamaba la anulación de la orden ministerial y que se obligase a la Administración a redactar otra en la que se reconociese el desajuste de 1.116 millones del sistema eléctrico de 2010 y se reconociese el derecho de Iberdrola a "ser indemnizada en la cantidad necesaria para resarcirle íntegramente de los daños y perjuicios" ocasionados.

En su sentencia, el Supremo no solo considera que la orden ministerial contraviene la Ley del Sector Eléctrico, en la que se fija una senda de suficiencia en la tarifa para que no siga produciéndose déficit, sino que también se vulneran aspectos formales.

En concreto, señala que la orden ministerial se aprobó sin informe previo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Esta orden sustituyó un borrador de norma anterior en que se recogía un aumento de peajes eléctricos y que sí había sido analizado por el organismo regulador.

El diario 'El Mundo', que adelanta el contenido de esta sentencia, indica que su contenido sienta jurisprudencia ante la posibilidad de que el Gobierno que salga de las urnas el 20-N pueda aplicar por los mismos cauces revisiones en la tarifa.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, cerraron tres días antes de la entrada en vigor de la revisión de tarifas un acuerdo para congelar el recibo de la luz a cerca de 25 millones de hogares.